Crónicas de muertes anunciadas
En México, defender el medio ambiente o el territorio puede costar la vida. Estos homicidios no son hechos aislados: ocurren en un país marcado por la expansión del crimen organizado, el control de tierras y recursos por parte de empresas privadas, y la complicidad —activa o pasiva — del Estado.
La violencia contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente no es inesperada. En la mayoría de los casos, los homicidios son la culminación de contextos prolongados de amenazas, hostigamiento e impunidad. La violencia crece de forma progresiva, mientras las alertas son ignoradas una y otra vez.
Este artículo analiza los asesinatos cometidos en 2024 contra personas defensoras del medio ambiente y el territorio. A partir de datos y casos emblemáticos, se identifica un patrón constante: violencia progresiva, inacción institucional y colapso de los mecanismos de protección. La evidencia expone una narrativa clara: no son muertes inevitables, sino crímenes anunciados, donde el Estado aparece como agresor, encubridor o cómplice por omisión.
En 2024, al menos 27 personas defensoras del medio ambiente y el territorio[1] fueron asesinadas en México, en 13 eventos distintos.[2] En 12 de esos 13 casos, existían antecedentes claros de amenazas o agresiones. En total, 26 de las 27 personas asesinadas (96%) ya habían sido blanco de hostigamiento, agresiones físicas o intentos de asesinato.
En al menos 8 de los 13 eventos documentados hubo amenazas previas contra las personas defensoras asesinadas.
Adriana y Virginia Ortiz García, hermanas indígenas triquis, fueron asesinadas el 6 de noviembre de 2024 en Oaxaca de Juárez.
Ambas eran integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y enfrentaron amenazas desde 2007, cuando su familia comenzó la búsqueda de dos primas desaparecidas. “Desde 2007 hemos recibido amenazas constantes. Nos advertían que, si no dejábamos el caso, nos matarían”, declaró Emelia Ortiz, también integrante del MULT.
Tras el asesinato, la violencia no cesó. Emelia, quien cuenta con medidas de protección oficiales, ha denunciado nuevos actos de persecución, como el allanamiento de sus oficinas y la destrucción de documentos clave.[3]
En al menos 3 de los 13 eventos documentados hubo intentos de asesinato previos.
Marcos Sánchez Perea, presidente del Comisariado Ejidal de San Andrés Hueyacatitla, Puebla, fue asesinado el 27 de noviembre de 2024 tras ser interceptado por hombres armados.
Nueve meses antes, el 25 de febrero de 2024, participó en una brigada forestal que fue emboscada por presuntos talamontes, mientras cavaban zanjas para impedir el paso de camiones madereros.
En ese ataque fueron asesinados tres ejidatarios y otro más resultó herido.
En al menos 7 de los 13 eventos documentados, organizaciones comunitarias o familiares habían denunciado públicamente las amenazas antes del crimen.
Ignacio López, catequista y opositor a la reactivación de la mina La Revancha, fue asesinado el 13 de mayo junto a 10 personas más en el ejido Nuevo Morelia, Chiapas.
Desde 2023, ejidatarias y ejidatarios habían denunciado amenazas de grupos criminales que intentaban imponer el proyecto minero. Las Abejas de Acteal y el Pueblo Creyente —organizaciones con fuerte arraigo social en la región— alertaron reiteradamente sobre el hostigamiento constante y la presencia del grupo “MAÍZ”, brazo local del Cártel Jalisco Nueva Generación, que mantenía bloqueos y retenes armados.
Más de un año después, la situación en Chicomuselo no ha cambiado.
En al menos 10 de los casos documentados hubo negligencia, omisión o complicidad del Estado.
Un ejemplo claro es el de Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil y defensor del territorio, asesinado el 20 de octubre en San Cristóbal de Las Casas. Durante más de una década recibió amenazas, y desde 2015 contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre 2023 y 2024, el Movimiento Sueco por la Reconciliación documentó más de 200 incidentes de seguridad en su contra.
Ejecuciones extrajudiciales
Jorge y Alberto Cortina Vázquez, defensores del agua en la Cuenca Libres–Oriental, fueron asesinados el 20 de junio de 2024 por elementos de la Fuerza Civil de Veracruz. Ambos formaban parte de un movimiento que denunciaba las afectaciones de Granjas Carroll. Durante una protesta pacífica, la policía reprimió con violencia y les disparó a quemarropa mientras intentaban huir.
Criminalización y vigilancia de movimientos sociales
Lorenzo Santos Torres, defensor comunitario en la Sierra Sur de Oaxaca, fue asesinado el 18 de julio de 2024 junto a su esposa e hija. En 2013, su hijo de 10 años fue asesinado mientras jugaba en la azotea de su casa. Después de exigir justicia por su muerte, Lorenzo recibió amenazas de muerte y fue encarcelado por “oponerse al cacicazgo regional” encabezado por el entonces alcalde Pedro Luis Jiménez Hernández. Ese mismo año fue atacado a balazos frente a su tienda en el centro de Amoltepec, recibiendo varios impactos en el abdomen. Desde entonces, fue objeto de vigilancia constante, amenazas y hostigamiento sistemático.
Como muestran varios de los casos documentados, el Estado no sólo ha dejado de proteger a quienes defienden el medio ambiente, sino que, en múltiples ocasiones, ha sido el agresor directo. Policías estatales, autoridades municipales e incluso elementos del Ejército han sido señalados como responsables de agresiones, detenciones arbitrarias y ejecuciones arbitrarias. En Veracruz, agentes de la Fuerza Civil dispararon a quemarropa contra Jorge y Alberto Cortina durante una protesta pacífica. En Oaxaca, Lorenzo Santos Torres fue encarcelado y tiroteado años antes de ser asesinado, tras denunciar públicamente el cacicazgo local. En comunidades como Ostula (Michoacán) o dentro del MULT, se ha documentado la participación directa o la complicidad de las autoridades en la represión contra personas defensoras. Ya sea mediante el uso de la fuerza o por medio de la criminalización, el Estado ha dejado de ser garante de derechos para convertirse en actor violento o encubridor[4].
Cuando no es el agresor directo, el Estado aparece como una institución indiferente. Las denuncias de amenazas, los llamados de auxilio y las alertas tempranas emitidas por comunidades y organizaciones suelen ser ignoradas o postergadas hasta que ya es demasiado tarde. Las fiscalías no inician investigaciones, los gobiernos desatienden las solicitudes de protección y los funcionarios federales se limitan a hacer declaraciones sin tomar acciones concretas. Incluso cuando existían antecedentes públicos de riesgo —como en los casos de Marcelo Pérez, Ignacio López o Marcos Sánchez Perea— las autoridades no intervinieron. La inacción del Estado es una constante: frente a la evidencia del peligro, la respuesta ha sido la indiferencia o el silencio.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que existen medidas y mecanismos de protección. El Mecanismo Federal de Protección, las mesas estatales de atención, las recomendaciones de derechos humanos, los botones de pánico, los radios: existen en el papel, pero fallan en la práctica. Las medidas se otorgan tarde, sin una evaluación adecuada del riesgo, sin personal suficiente y sin monitoreo. Además, se siguen firmando convenios y compromisos internacionales —como el Acuerdo de Escazú— que no tienen consecuencias reales cuando se incumplen. El Estado promete proteger a las personas defensoras, pero no cumple.
Los homicidios de personas defensoras en 2024 revelan un patrón claro: la violencia no es repentina ni imprevisible. Es la culminación de agresiones que fueron denunciadas, visibilizadas e ignoradas. No se trata de conflictos locales fuera del alcance del Estado, sino de crímenes anunciados, en los que hay responsabilidad estatal, por acción u omisión. El Estado ha fallado de manera sistemática.
Frente a esta realidad, no basta con firmar compromisos simbólicos ni mantener mecanismos reactivos. Es urgente transformar la lógica de protección: dejar de responder tarde y construir una política estructural y preventiva. Una política que reconozca a las personas defensoras como actores clave en la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la tierra. Mientras eso no ocurra, seguirán matando a quienes intentan cuidarnos a todas y todos.
Este artículo está centrado en asesinatos cometidos durante el 2024, pero este mismo patrón de violencia no ha cambiado ni se ha desacelerado. A lo largo de 2025, han continuado las agresiones, los desplazamientos forzados y los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos. Un análisis detallado de los hechos ocurridos durante ese año será desarrollado y publicado con el objetivo de seguir documentando estos crímenes y visibilizar la responsabilidad del Estado.[5]
María José Abascal Miguel es politóloga y actualmente estudiante en UC Berkeley. Es consultora en la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida).
Bibliografía
Chiapas Paralelo. (2025, mayo 14). Un año después de la masacre de 11 personas en Nuevo Morelia, Chicomuselo, el crimen organizado sigue amenazando a la población.https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2025/05/un-ano-despues-de-la-masacre-de-11-personas-en-nuevo-morelia-chicomuselo-el-crimen-organizado-sigue-amenazando-a-la-poblacion/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2013, noviembre 3). Resolución de la medida cautelar MC 338-13 a favor de Lorenzo Santos Torres y su familia. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2022/res_3-22_mc_338-13_mx_es.pdf
El País. (2024, octubre 22). El asesinato anunciado del padre Marcelo Pérez en Chiapas. https://elpais.com/mexico/2024-10-22/el-asesinato-anunciado-del-padre-marcelo-perez-en-chiapas.html
Espacio OSC. (2024, junio 26). Condenamos las violaciones al derecho a la protesta y los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y el agua de la cuenca de Libres-Oriental. https://espacio.osc.mx/2024/06/26/condenamos-las-violaciones-al-derecho-a-la-protesta-y-los-ataques-contra-las-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-el-agua-de-la-cuenca-de-libres-oriental/
Infobae. (2024, mayo 20). Así fue como el CJNG atacó a una familia de catequistas católicos en Chicomuselo, Chiapas. https://www.infobae.com/mexico/2024/05/20/asi-fue-como-el-cjng-ataco-a-una-familia-de-catequistas-catolicos-en-chicomuselo-chiapas/
La Jornada. (2024, julio 19). Recalcó que Santos Torres ya había sido amenazado y encarcelado por oponerse a los caciques de la localidad. https://www.jornada.com.mx/2024/07/19/estados/030n2est
La Jornada. (2025, abril 24). Denuncia persecución Emelia Ortiz, defensora de la lucha triqui. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/04/24/estados/denuncia-persecucion-emelia-ortiz-defensora-de-la-lucha-triqui
La Jornada de Oriente. (2024, febrero 26). Asesinan a tres guardabosques de El Verde. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/asesinan-a-tres-guardabosques-de-el-verde/
La Jornada de Oriente. (2024, noviembre 27). Acribillan al comisario ejidal de San Andrés Hueyacatitla. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/acribillan-al-comisario-ejidal-de-san-andres-hueyacatitla/
La Jornada de Oriente. (2024). A Jorge y Alberto los asesinó la policía, pero también Granjas Carroll: familiares. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticias/sociedad_y_justicia/a-jorge-y-alberto-los-asesino-policia-pero-tambien-granjas-carroll-familiares/
Los Angeles Times en Español. (2024, octubre 21). Asesinan a sacerdote católico y activista de indígenas en el sur de México. https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2024-10-21/asesinan-a-sacerdote-catolico-y-activista-de-indigenas-en-el-sur-de-mexico
Noticias Voz e Imagen de Oaxaca. (2024, noviembre 10). “No queremos chivos expiatorios”: Emelia Ortiz, hermana de mujeres triquis asesinadas. https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/no-queremos-chivos-expiatorios-emelia-ortiz-hermana-de-mujeres-triquis-asesinadas/168751
NVI Noticias. (2024, julio 19). Demandan castigar crimen de defensor comunitario de Amoltepec, Oaxaca. https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/demandan-castigar-crimen-de-defensor-comunitario-de-amoltepec-oaxaca/163612
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). (2023, mayo 10). Grupo armado saquea barita en Chicomuselo y amaga a habitantes. https://www.ocmal.org/grupo-armado-saquea-barita-en-chicomuselo-y-amaga-a-habitantes/
Radio Zapatista. (2024, mayo 18). Ejido Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo: masacre de una familia de catequistas. https://radiozapatista.org/?p=48202&lang=en
Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa Oaxaca). (2024, julio). Clausuran temporalmente Granjas Carroll, acusada de contaminar el agua y reprimir a campesinos en Veracruz. https://www.educaoaxaca.org/clausuran-temporalmente-granjas-carroll-acusada-de-contaminar-el-agua-y-reprimir-a-campesinos-en-veracruz/
SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación). (2024, octubre). Condenamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos y símbolo de la construcción de paz en Chiapas. https://swefor.org/es/mexico/condenamos-el-asesinato-del-padre-marcelo-perez-perez-defensor-de-derechos-humanos-y-simbolo-de-la-construccion-de-paz-en-chiapas/
[1] Abraham Alejandro Gobel, Adriana Ortiz, Alberto Cortina Vázquez, Alfonso López, Antonio Regis Nicolás, Aronia Wilson Tambo, Carmen López Lugo, Dolores Arrazate Córdova, Florentino Castro, Ignacio López, Isidra Sosme Temich, Javier Ochoa Tejeda, Jorge Cortina Vázquez, José Ángel Pelcastre, Lorenzo Santos Torres, Marcelo Pérez Pérez, Marcos Sánchez Perea, Román Serrano Ponce, Rosalinda López, Teresita de Jesús Arrazate González, Urbano, Ventura Ojeda, Virginia Ortiz, Yojari Belén. De las siguientes personas no se halló mayor información: Azael, Brandi y Joel.
[2] La información fue recopilada a través de monitoreo de medios de comunicación nacionales y locales, redes sociales y comunicados de organizaciones de derechos humanos. Se utilizaron palabras clave específicas relacionadas con la defensa del territorio, el medio ambiente y derechos indígenas para identificar posibles casos, los cuales fueron verificados mediante fuentes cruzadas o reportes comunitarios.
[4] La participación directa o la complicidad de las autoridades estatales y municipales ha sido documentada en distintos casos. En Veracruz, familiares de Jorge y Alberto Cortina denunciaron públicamente que fueron asesinados por la policía estatal durante una protesta. En Oaxaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Lorenzo Santos Torres tras detenciones arbitrarias y amenazas por parte de autoridades locales; años después, fue asesinado (CIDH, 2013; La Jornada, 2024). En comunidades como Ostula, Michoacán, organizaciones y periodistas han documentado ataques en los que las autoridades han sido omisas o directamente partícipes en contextos de represión contra procesos de defensa territorial (Chiapas Paralelo, 2025; El País, 2024; SweFOR, 2024).
[5] Reconocemos los esfuerzos de organizaciones internacionales como Global Witness y nacionales como Servicios Para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quienes hacen una importante labor de documentación y visibilización de la violencia en contra de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio.
