“El Mencho”, los cárteles y la tentación estadounidense
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, reactivó dos narrativas que reaparecen—una y otra vez—en el debate público, los medios y la conversación política cada vez que el Estado mexicano logra abatir a una figura central del crimen organizado. La primera es la idea de que la eliminación de un líder criminal representa un punto de inflexión en la violencia a nivel nacional: un golpe capaz de desarticular organizaciones, reordenar territorios y acercar al Estado a recuperar el control total. La segunda es la tentación—cada vez menos velada—de una mayor intervención estadounidense, bajo el argumento de que los cárteles constituyen una amenaza de seguridad nacional que exige respuestas extraordinarias. Más allá de una posibilidad inmediata, esta intervención funciona como un fantasma recurrente: aparece en momentos de alta visibilidad, organiza el debate y luego se desvanece sin resolverse. Ambas narrativas circulan con fuerza, se repiten con familiaridad mediática y pública, y suelen estar acompañadas de una dosis considerable de reduccionismo y desinformación.
Desde el gobierno mexicano, estos episodios suelen presentarse como “golpes decisivos”. Este lenguaje no es menor porque habla de quiebres, de victorias, y de avances definitivos por parte del Estado. Los medios amplifican esa lectura: titulares que anuncian el debilitamiento de una organización, el cierre de un ciclo de violencia, el inicio de una nueva etapa en el combate contra el crimen organizado. Del otro lado de la frontera, la misma violencia se traduce cada vez más a un lenguaje bélico o de seguridad nacional. La diferencia no es menor. Mientras el encuadre policial supone procedimientos judiciales, cooperación institucional y soberanía territorial, el lenguaje bélico habilita lógicas de excepción—operaciones militares, intervención directa, suspensión de garantías—que de otro modo serían políticamente inviables. El 20 de enero de 2025, el primer día de su segundo mandato, Trump firmó la orden ejecutiva 14157 designando formalmente al Cártel de Sinaloa, al CJNG ya otros cuatro grupos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras—una categoría que abre la puerta a herramientas legales y operativas propias de la política antiterrorista, incluyendo la posibilidad de acciones fuera del territorio estadounidense.[1]

No es casual que, en febrero de 2025, Claudia Sheinbaum respondiera a ese tipo de planteamientos advirtiendo que no pueden convertirse en una oportunidad para “invadir la soberanía” mexicana, insistiendo que la relación con Estados Unidos debe basarse en “colaboración y coordinación, nunca subordinación”.[2] El problema no es que estos eventos fallen en producir quiebres, sino que están insertos en una dinámica donde la violencia tiende a reorganizarse más que a desaparecer.
Esta distinción importa: el lenguaje del golpe decisivo proviene del gobierno mexicano, mientras que el encuadre bélico es impulsado sobre todo por actores políticos estadounidenses—congresistas, organizaciones de seguridad nacional, medios de comunicación conservadores. En México, en el discurso oficial, esa retórica se encuentra con una respuesta casi automática: la defensa de la soberanía. Funcionarios y actores políticos rechazan cualquier insinuación de intervención extranjera y reafirman la capacidad del Estado mexicano para enfrentar el problema.[3] La fórmula se repite con variaciones mínimas: cooperación, sí; subordinación e injerencia, no. En ese registro, el abatimiento de un capo funciona también como una puesta en escena del Estado: una demostración de presencia, de capacidad operativa y fuerza militar que busca evitar la impresión de pérdida de control. El resultado es un juego de espejos: mientras en Estados Unidos la violencia se presenta como una amenaza externa que justificaría acciones excepcionales, en México se reencuadra como un asunto interno cuya resolución no admite injerencias.
La cuestión de fondo es que ambas narrativas descansan sobre un supuesto compartido: que la violencia criminal puede resolverse mediante una ruptura clara y transparente. Ya sea a través de la eliminación de líderes o de una intervención más agresiva, la expectativa es la misma: un punto de inflexión que altere decisivamente el equilibrio existente. No obstante, la experiencia reciente sugiere algo distinto y más inquietante.
La historia del combate al crimen organizado en México está llena de momentos que se anunciaron como decisivos. La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2014 fue presentada como un golpe histórico. Su fuga, un año después, puso en duda esa narrativa. Su recaptura, en 2016, volvió a ser leída como un triunfo del Estado. Sin embargo, ninguno de esos episodios redujo de manera sostenida la violencia. Más bien, coincidieron con procesos de fragmentación, reacomodo y expansión de conflictos locales.
Algo similar puede observarse en eventos más recientes. La liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán en 2019 evidenció los límites de la capacidad estatal frente a la reacción inmediata de organizaciones armadas. Cuatro años después, su recaptura fue presentada como una corrección de ese episodio, una demostración de capacidad que buscaba restituir la imagen de control. Entre ambos momentos, la violencia no desapareció—se redistribuyó.
Esto pone en evidencia que la eliminación de liderazgos criminales no cierra ciclos de violencia; abre espacios de competencia. Esos espacios se llenan rápidamente por actores que disputan control territorial, reconfigurando alianzas y conflictos. El punto no es que estos eventos carezcan de efectos, sino que cumplen una función política específica. La violencia en contextos de conflicto no desaparece tras golpes decisivos, sino que se reorganiza en función de nuevas oportunidades y equilibrios locales.
Estos ejemplos no sugieren que las acciones del Estado sean irrelevantes. Las capturas y operativos sí tienen efectos concretos: alteran liderazgos, generan disputas, reconfiguran alianzas. Pero su papel no se agota en esos efectos inmediatos. Al mismo tiempo, permiten producir una imagen de acción estatal en un contexto donde los efectos sostenidos sobre la violencia son mucho menos claros.
Esto no significa que las narrativas que acompañan estos eventos sean simplemente falsas. No son meras distorsiones: organizan la forma en la que la violencia se vuelve inteligible y políticamente manejable. El lenguaje del “golpe decisivo” permite mostrar acción, proyectar control y ofrecer una lectura inteligible de un problema complejo. Además, la discusión sobre intervención en Estados Unidos traduce la violencia en términos que resultan políticamente movilizadores: terrorismo, seguridad nacional, amenaza externa, enemigo, otro. Lo relevante aquí es que estas formas de interpretar la violencia tienden a simplificarla. Y al hacerlo, también moldean las respuestas posibles de gobiernos, medios, élites políticas y audiencias públicas.
Cuando la violencia se entiende como un problema que puede resolverse mediante la eliminación de individuos específicos, la estrategia tiende a centrarse en operaciones dirigidas contra líderes criminales o mandos de organizaciones armadas. Cuando se interpreta como una amenaza externa, la tentación es recurrir a herramientas propias de la política de seguridad internacional. En ambos casos, la expectativa es la misma: que una acción suficientemente contundente produzca un cambio decisivo. No obstante, la persistencia de la violencia en México apunta a que no estamos frente a un fenómeno que se resuelve en eventos, sino en procesos que se reconfiguran constantemente. Esto cambia la forma de evaluarlo. En lugar de esperar descensos sostenidos tras episodios de alto perfil, lo esperable es la redistribución de la violencia en el tiempo y el territorio, así como patrones de competencia local.
Lejos de ser un problema que se resuelve en un momento de quiebre, la violencia parece funcionar como un fenómeno que se reconfigura constantemente. Las organizaciones cambian, los territorios se disputan, las dinámicas se adaptan. El resultado es una forma de continuidad estructural que no se ajusta fácilmente a las narrativas de victoria o colapso. Esto tiene implicaciones políticas importantes porque, a pesar de la recurrencia de episodios violentos, la política mexicana no entra en crisis de manera sistemática. La violencia persiste, pero no siempre se traduce en rupturas institucionales o en cuestionamientos efectivos al poder. Parte de la explicación está en cómo se interpretan estos eventos y en los incentivos de los distintos actores para encuadrarlos de determinadas maneras.
Los momentos en que el Estado aparece actuando—capturando, interviniendo, anunciando—permiten reordenar, al menos temporalmente, la percepción de control. Del mismo modo, la externalización del problema en el debate estadounidense facilita desplazar la discusión hacia el terreno de la soberanía. En ambos casos, la violencia no desaparece, pero sus efectos políticos pueden ser contenidos, gestionados, y absorbidos sin alterar de fondo el orden político.
Esto no implica resignación ni normalización. La consecuencia debe ser, más bien, reconocer que la violencia no se deja reducir fácilmente a narrativas de solución rápida. Ni la eliminación de líderes ni las amenazas de intervención externa parecen capaces, por sí solas, de alterar de fondo las condiciones que la sostienen. El problema no es la falta de respuestas, sino el marco desde el cual seguimos esperando encontrarlas. Reconocer que la violencia opera como proceso y no como evento implica también cambiar la vara con la que se mide el éxito: no descensos abruptos tras operativos de alto perfil, sino reducciones sostenidas en el tiempo, negociadas o construidas institucionalmente, que no dependen de un golpe definitivo que nunca llega. Interpretarla como proceso estructural significa preguntar no quién cayó, sino qué condiciones—económicas, institucionales, territoriales—permiten que las organizaciones persistan y se reproduzcan independientemente de sus líderes. En ese vacío, el fantasma de la intervención reaparece una y otra vez: no como solución real sino como otra forma de nombrar, desplazar y simplificar un problema que el propio sistema político ha aprendido a absorber.
Referencias
Kalyvas, Stathis N. 2006. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
El País. 2025. “Sheinbaum apela a la soberanía tras la designación de los cárteles como terroristas.” 20 de febrero. https://elpais.com/mexico/2025-02-20/sheinbaum-apela-a-la-soberania-tras-la-designacion-de-los-carteles-como-terroristas-con-mexico-es-colaboracion-no-injerencismo.html
Gobierno de México. 2025a. “Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 19 de febrero de 2025.” https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-19-de-febrero-de-2025 (soberanía)
Gobierno de México. 2025b. “Presidenta anuncia iniciativa constitucional para reforzar la defensa de la soberanía nacional.” https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-anuncia-iniciativa-constitucional-para-reforzar-la-defensa-de-la-soberania-nacional-con-eua-hay-coordinacion-no-injerencismo
Gobierno de México. 2025c. “Coordinación sí, subordinación no.” https://www.gob.mx/presidencia/prensa/coordinacion-si-subordinacion-no-presidenta-claudia-sheinbaum-reitera-propuesta-de-mesa-de-trabajo-con-el-gobierno-del-presidente-donald-trump-en-materia-de-seguridad-y-salud-publica
Trump, Donald J. 2025. “Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists.” Executive Order 14157, January 20. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/
[1] Trump, Donald J. 2025. “Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists.” Executive Order 14157, January 20. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/
[2] https://elpais.com/mexico/2025-02-20/sheinbaum-apela-a-la-soberania-tras-la-designacion-de-los-carteles-como-terroristas-con-mexico-es-colaboracion-no-injerencismo.html
[3] https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-anuncia-iniciativa-constitucional-para-reforzar-la-defensa-de-la-soberania-nacional-con-eua-hay-coordinacion-no-injerencismo?idiom=es-MX&utm
