“Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo.”
Las libretas viajan en mochilas, junto a varillas y guantes. Se llenan de dibujos torpes de tatuajes, descripciones de señas particulares y medidas. Son las Antígonas quienes reclaman el derecho a encontrar, nombrar y despedir. Pero mientras en Tebas había un edicto y un cadáver, en Jalisco hay carpetas que se abren y no se cierran, operativos intermitentes y una negación persistente de lo sucedido en el Rancho Izaguirre.
Las llamadas anónimas llegaban con insistencia. “Busquen cerca de Teuchitlán”, decían. Los Guerreros Buscadores de Jalisco fueron los únicos que se atrevieron a investigar. Cuarenta personas, con picos y palas, ingresaron al predio sin permiso. Adentro encontraron lo que la fiscalía de Jalisco no vio, o no quiso ver: casquillos, ropa, mochilas, aros aprehensores, restos calcinados. Más de cuatrocientos objetos personales y seis grupos de restos óseos escondidos bajo ladrillos y tierra. El rancho, según los colectivos, era un sitio de adiestramiento y exterminio.
El hallazgo se volvió noticia nacional tras su difusión en redes sociales. De inmediato, surgieron acusaciones de complicidad estatal. La respuesta oficial fue negar cualquier omisión. Las autoridades aseguraron que el predio ya había sido inspeccionado meses antes y reiteraron su compromiso con las víctimas. Días después, el rancho fue reabierto para las buscadoras y la prensa. El terreno estaba limpio, barrido, como si allí no hubiera ocurrido nada. La narrativa oficial se apresuró a rebautizarlo como un “centro de adiestramiento.”
Funcionarios, legisladores y hasta un video atribuido a un grupo criminal insistieron en que todo había sido una exageración o un montaje. Sin embargo, desde al menos 2019, la Guardia Nacional había documentado el hallazgo de cuerpos incinerados en Teuchitlán. Informes oficiales registraban restos calcinados, zapatos dispersos y el pago de sobornos a autoridades locales para que “los dejaran trabajar”.
Ha pasado un año desde el hallazgo y la investigación avanza con la lentitud habitual. La Fiscalía General de la República reporta un avance del 64.44% en el procesamiento del lugar, 47 personas detenidas y varias órdenes de aprehensión vigentes, entre ellas contra el alcalde y el jefe de policía de un municipio cercano, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de ello, ninguna víctima ha sido identificada. Las autoridades insisten en que el lugar era un centro de adiestramiento y no de exterminio. Se obstinan en negar la muerte como si bastara para afirmar la vida.
Sin embargo, lo ocurrido en Teuchitlán no es un caso aislado, sino parte de la crisis de desaparición forzada que atraviesa el país. Desde 1952, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha documentado más de 358 mil casos de los cuales aproximadamente 130 mil (35%) permanecen sin resolverse (RNPDNO, 2026). La mayoría se esfumó en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”, una estrategia militar-policial lanzada en 2006 que apostó por decapitar cárteles y desplegar a las Fuerzas Armadas. Esta supuesta cruzada por la seguridad terminó generando fragmentación criminal, mayor violencia, corrupción institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos. A casi dos décadas de su inicio, la cifra de personas desaparecidas no ha hecho más que aumentar.
Pero, ¿qué implica la desaparición? Más que un acto de secuestro o asesinato, se despliega a través de procesos que vuelven a las personas incognoscibles y fracturan el tejido social. En ese sentido, la desaparición depende también de la aquiescencia del Estado: de su negativa a reconocer, investigar, registrar o reconstruir la cadena de acontecimientos que podría dar cuenta del destino de una persona.
No sorprende, entonces, que desde el inicio de la guerra contra las drogas el Estado haya procurado instalar entre la ciudadanía la idea de que la desaparición recae, sobre todo, en personas vinculadas, de una u otra forma, con el crimen organizado. El efecto de esta narrativa es desplazar la responsabilidad del crimen hacia las víctimas. Teuchitlán, sin embargo, desmorona ese relato. Las cartas halladas en el lugar muestran que muchas de las personas que llegaron ahí lo hicieron mediante engaños, falsas promesas de empleo y ofertas de buena paga.
Mientras tanto, se celebra una victoria: los homicidios dolosos van a la baja. Sin embargo, estas cifras deben leerse con cautela. En algunos territorios, como Zacatecas, donde en 2025 se reportó una disminución de hasta 88 % en homicidios dolosos, la aparente pacificación parece coincidir con arreglos tácitos entre actores criminales y autoridades locales, así como con la consolidación de una fuerza criminal dominante. Desde al menos 2022, documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional reconocían la existencia de pactos entre organizaciones criminales como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos arreglos produjeron una calma frágil y selectiva. Con el nuevo sexenio, esta dinámica se extendió por todo el estado.
A primera vista, podría parecer que el Estado mexicano ha perdido el monopolio legítimo de la violencia, base constitutiva de cualquier estado moderno. Pero Teuchitlán sugiere otra cosa. El Estado lo mantiene precisamente porque decide quién puede ejercer la violencia y en qué condiciones. Se trata de una redistribución calculada de la fuerza, lo que Claudio Lomnitz describe como una “no-guerra.” Una política de alianzas selectivas y tolerancias mutuas entre autoridades y grupos criminales que garantiza una apariencia de orden.
Esto responde a la propia concepción del Estado moderno. El Estado nace como la concentración de la violencia en una sola figura, la del soberano, mediante el establecimiento de un orden jurídico. Dicho orden confiere al soberano el derecho de hacer cuanto sea necesario para preservar al propio Estado. Por ello, puede suspender la norma, redefinirla o actuar fuera de ella; puede decidir cuándo, cómo y sobre quién se aplica la ley, e instituir así la excepción (Agamben, 1998).
En México, esta lógica opera como una impunidad profundamente selectiva. No todos los crímenes reciben la misma atención ni todos los cuerpos merecen el mismo esfuerzo institucional. En un contexto donde la probabilidad efectiva de resolución de los delitos es mínima, la respuesta estatal no es homogénea. Cuando un caso adquiere visibilidad mediática, el Estado moviliza recursos y coordina autoridades con rapidez; frente a las desapariciones, en cambio, predomina la omisión y la dilación burocrática. Teuchitlán lo muestra con crudeza.
Lejos de ser una contradicción, esto revela el carácter fragmentado del poder estatal y su distribución diferenciada entre instituciones y territorios en México. En un país federal, donde la seguridad depende de la coordinación entre Federación, estados y municipios, las capacidades institucionales y los incentivos políticos varían profundamente entre territorios. Así, mientras ciertas áreas, como las Fuerzas Armadas, han experimentado procesos sostenidos de profesionalización, entrenamiento especializado y fortalecimiento operativo, otras, como los servicios forenses y las morgues, permanecen abandonadas y saturadas.
Persiste la esperanza, casi ingenua, de que este estado de excepción sea un periodo transitorio, una turbulencia pasajera en la historia democrática del país. Es la misma ilusión que confía en que un incremento temporal del control —militar, autoritario o externo— puede restaurar el orden perdido. Carl Schmitt pensaba que la excepción debía durar solo lo necesario para restablecer el estado de derecho; no obstante, Agamben advierte que, en la modernidad, la excepción se ha vuelto permanente. La propia génesis del Estado lleva dentro el veneno. Al concentrar la violencia en una sola figura, incorpora en su centro aquello que debía contener. Por ello, la excepción no representa el fracaso del Estado, sino una de las formas en que ejerce su soberanía.
En México, cada fosa clandestina, cada carpeta sin cerrar, cada ficha de búsqueda reafirma la decisión soberana de suspender la ley en nombre del orden. En Creta, Antígona desobedece la ley escrita de Creonte para obedecer los mandatos no escritos de la piedad y enterrar a su hermano. Su gesto encarna una tragedia jurídica, el enfrentamiento entre dos órdenes de ley. Por un lado, la ley del Estado: positiva, escrita. Por otro, una justicia anterior al poder, la ley natural. En la modernidad, este gesto se ha torcido. La apelación a lo no escrito, a lo necesario, a la “seguridad nacional” o a la “emergencia” ya no desafía el orden. Ahora, es el poder quien suspende la norma en nombre de su propia salvación. El Estado ejerce el ius contra omnes y regresa a su fuerza originaria de creador de la ley. Antígona aparece en México escindida. Una cava con palas, organiza jornadas de búsqueda y atraviesa campos vedados; desobedece las fronteras jurídicas y territoriales que el Estado impone. La otra borra los rastros del entierro: limpia los terrenos, fragmenta los restos y evita el análisis forense que podría devolver la identidad a los cuerpos.
