Sesenta mil personas; un estadio incluso de menor capacidad que el Estadio Azteca. Ese es el tamaño del grupo que hoy concentra tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. La desigualdad económica es extrema y, lo que es peor, sigue incrementándose a escala global. Frente a ese dato, la reacción habitual varía entre el asombro y la resignación. Lo verdaderamente inquietante es que ya no escandaliza.
El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 no solo exhibe la magnitud del problema, sino que también explica por qué la desigualdad sigue aumentando. La respuesta es incómoda. No se trata de una anomalía, sino de una característica estructural del sistema económico contemporáneo. El sistema funciona exactamente como fue diseñado. La desigualdad es el resultado previsible de reglas fiscales, financieras y políticas que se han ido afinando durante décadas. Pero, sobre todo, es consecuencia de la escasa voluntad política de quienes nos representan para redistribuir la riqueza y reducir las brechas sociales.
Uno de los mecanismos principales que exacerban la desigualdad económica es la falla estructural del sistema fiscal para gravar a los ultrarricos: los centimillonarios y billonarios. En muchos países, la mayoría de la población paga los impuestos que le corresponden; casi todos contribuyen a la sociedad de manera proporcional a sus ingresos. También lo hace la mayor parte de los ricos que pertenecen al 10% superior.
El problema aparece cuando se llega al extremo de la distribución, cuando se observa al 1% más rico o, incluso más arriba, al 0.001%. Ahí, la progresividad fiscal se diluye y los ultrarricos logran escapar al pago efectivo de impuestos. Los patrimonios se fragmentan, los ingresos se transforman en ganancias de capital, y los activos cruzan fronteras con una facilidad que ningún asalariado puede imaginar.
El resultado es una paradoja que debería escandalizarnos: los ultrarricos terminan pagando proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población, incluso menos que la clase media. Mientras tanto, sus fortunas no solo se conservan, sino que siguen creciendo.
Sin esa fuente considerable de ingresos fiscales, los gobiernos tienen menos recursos para invertir en bienes públicos que beneficien a la sociedad, impulsen la prosperidad, el crecimiento económico sostenido y contribuyan a reducir la desigualdad. Sin embargo, el problema no se limita al dinero que el Estado deja de recaudar.
Se trata también de un mensaje político potente. Cuando quienes más se benefician del sistema económico contribuyen menos a financiarlo, la idea misma de justicia fiscal se resquebraja. Los servicios públicos se deterioran, la frustración crece y la pregunta aparece de forma casi automática: ¿por qué esforzarse si las reglas no aplican para todos?
A esto se suma la influencia desproporcionada de los ultrarricos sobre la política. La concentración de riqueza, además de comprar activos, compra acceso, tiempo y atención. Financia campañas, define agendas e influye en qué temas se discuten y cuáles quedan fuera del debate público. Mientras la mayoría de la población participa en política de manera esporádica, principalmente a través del voto, los más ricos lo hacen de forma permanente, profesional y estratégica. No necesitan ganar elecciones: les basta con moldear las reglas del juego.
La desigualdad económica se traduce así en desigualdad democrática. Se configura un ciclo que se retroalimenta, en el que el poder económico protege al poder político y viceversa, asegurando que las estructuras permanezcan prácticamente intactas.
Al comparar la desigualdad entre países, el informe documenta que esta se reproduce a través de un mecanismo financiero internacional sencillo y profundamente desigual. Los países ricos emiten activos financieros y monedas consideradas seguras por un sistema diseñado y regulado, en gran medida, por esas mismas economías. Esto les permite endeudarse a tasas de interés muy bajas.
Los países de ingresos bajos y medios, en cambio, enfrentan costos financieros mucho más altos para acceder al crédito. Al mismo tiempo, las economías avanzadas invierten en esos países y obtienen mayores rendimientos. El resultado es un circuito constante: el Sur global se endeuda caro, el Norte global se financia barato y, como consecuencia, se produce un flujo sostenido de recursos desde los países más pobres hacia los más ricos, año tras año.
Este “privilegio exorbitante” es una característica estructural del sistema financiero internacional, no un simple resultado de dinámicas de mercado. Explica por qué alrededor del 1% del PIB mundial se transfiere cada año desde las regiones de menores ingresos hacia las más ricas, reduciendo de forma significativa el margen de los primeros para invertir en educación, salud y servicios públicos.
La desigualdad entre regiones ya es enorme incluso si se observa únicamente el ingreso promedio. En términos generales, una persona en Norteamérica u Oceanía gana alrededor de 12.5 veces más que una persona en África Subsahariana. Sin embargo, este dato resulta engañoso si se toma como algo homogéneo: dentro de cada región y de cada país, la desigualdad interna es también muy elevada. Existen élites con niveles de vida comparables a los de los países ricos que conviven con mayorías que apenas logran cubrir lo básico.
Lo que vuelve esta situación todavía más explosiva es que la desigualdad de oportunidades es aun más extrema que la de ingresos. El gasto público anual en educación por estudiante supera los €9,000 en Norteamérica y Oceanía, mientras que en África Subsahariana ronda apenas los €220. La brecha no es de dos o tres veces, sino de más de 40 a 1, y es tres veces mayor que la brecha de ingresos promedio entre estas regiones. Esta disparidad no solo refleja cómo la desigualdad se consolida y se exacerba: define desde la infancia quién tendrá acceso a docentes capacitados, infraestructura adecuada y herramientas básicas, y quién quedará atrapado en desventajas que el mercado laboral difícilmente podrá compensar después.
La desigualdad también se reproduce en el ámbito más cotidiano y menos visible: el hogar. Incluso bajo la medición convencional —considerando solo el ingreso laboral— las mujeres ganan en promedio alrededor del 60% de lo que ganan los hombres. Cuando se incorpora el trabajo doméstico y de cuidados, que sostiene a la economía pero no aparece en las cuentas nacionales, la brecha se amplía de forma drástica: las mujeres pasan a ganar el equivalente a solo el 32% del ingreso horario masculino.
No se trata de que trabajen menos; de hecho, trabajan más tiempo, pero una parte sustancial de su trabajo no es remunerada. Esta carga invisible limita su participación en el mercado laboral, interrumpe trayectorias profesionales y se traduce en salarios más bajos, pensiones más pequeñas y menor autonomía económica a lo largo de la vida. Cuando los gobiernos carecen de los recursos suficientes —o de voluntad política— para reducir esta brecha, la desigualdad de género se convierte en una trampa estructural que se reproduce generación tras generación.
La crisis climática tampoco puede entenderse al margen de la extrema concentración de la riqueza. Cuando las políticas se centran en las emisiones de los hogares —mediante impuestos a la energía, al transporte o al consumo— la carga suele recaer de manera desproporcionada sobre las familias de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes básicos y cuentan con menos margen para modificar su comportamiento.
Este enfoque no solo es regresivo, sino también limitado en términos de impacto ambiental. En cambio, cuando el foco se pone en las emisiones asociadas a la propiedad del capital y a las grandes empresas, la responsabilidad se concentra allí donde realmente se toman las decisiones más contaminantes.
Incorporar esta dimensión deja al descubierto una asimetría contundente: el 10% más rico del mundo es responsable de alrededor del 77% de las emisiones vinculadas al capital, y el 1% más rico concentra hasta el 41%, mientras que el 50% más pobre apenas contribuye cerca del 3%. Esta brecha no solo muestra quién contamina más, sino quién controla los activos, define los modelos productivos y, al mismo tiempo, quién tiene más recursos para protegerse de las consecuencias.
Así, quienes menos contribuyen al daño del planeta son también los más expuestos a sus impactos, mientras que quienes más emiten suelen estar mejor preparados para evitarlos. En un mundo profundamente desigual, la crisis climática no es un problema ambiental aislado, sino otra expresión de la concentración extrema de la riqueza y del poder.
Llegados a este punto, la pregunta inevitable es por qué, si los mecanismos que producen la desigualdad son tan claros, resulta tan difícil corregirlos. El informe apunta a una respuesta incómoda: el problema es, en esencia, político.
En muchas democracias, la clase trabajadora se encuentra cada vez más subrepresentada en los espacios de poder, mientras que la toma de decisiones se concentra en élites económicas y educativas. En este contexto, incluso las fuerzas que históricamente defendieron la redistribución enfrentan una fractura interna.
La izquierda, en particular, oscila entre orientar sus políticas hacia una élite urbana, altamente educada y culturalmente progresista, o reconectar con una clase trabajadora más diversa, territorialmente dispersa y golpeada por décadas de desinversión en servicios públicos, sobre todo en zonas rurales.
Esta tensión se refleja en un electorado fragmentado: divisiones entre zonas urbanas y territorios rurales rezagados del desarrollo económico; entre personas con y sin educación superior; entre ingresos altos y bajos que ya no votan en bloque. Los grupos que más se beneficiarían de políticas redistributivas no solo enfrentan condiciones materiales adversas, sino que además votan separados, priorizan agendas distintas y rara vez convergen en una coalición amplia y estable.
En contraste, quienes concentran riqueza logran coordinarse con mayor disciplina, influir de forma constante en la agenda pública y diluir reformas fiscales o regulatorias que afectarían sus intereses. El resultado es un bloqueo persistente: la desigualdad se reconoce y se debate, pero rara vez se enfrenta con la escala política necesaria para revertirla.
Vista en conjunto, la historia que dibuja el informe deja poco margen para la ambigüedad. La desigualdad no crece porque falten recursos ni porque el crecimiento económico sea insuficiente. Crece porque las reglas vigentes permiten —y provocan— la concentración de la riqueza en la cima, porque los flujos financieros circulan de manera sistemática en la misma dirección y porque los Estados pierden capacidad, o sin respaldo político, para invertir en aquello que podría equilibrar la balanza. No es una falla del sistema: es su resultado lógico.
Durante décadas se ha repetido que la desigualdad es el precio inevitable del progreso, que primero hay que crecer y luego repartir. Los datos cuentan otra historia. Allí donde existe una decisión política sostenida de invertir en educación, salud, cuidados y servicios públicos, la desigualdad se reduce y la movilidad social aumenta, al mismo tiempo que la economía crece a un mayor ritmo. Donde esa voluntad se diluye, la desigualdad se acelera, se hereda y se vuelve cada vez más difícil de corregir.
Lo que queda al final no es una pregunta técnica, sino democrática. Sabemos cómo funciona este sistema y conocemos los mecanismos que concentran la riqueza. Sabemos también que revertirlos no ocurre de manera automática: se requiere participación democrática activa (la tuya y la mía), presión social y voluntad política para enfrentar intereses poderosos.
La verdadera incógnita no es si existen alternativas, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a aceptar un orden económico que ha logrado algo notable: convertir la desigualdad extrema en normalidad, en paisaje, en ruido de fondo. Hasta que deja de ser ruido de fondo y se convierte en una crisis imposible de ignorar.
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Pueden encontrar el resumen ejecutivo y el reporte en: https://wir2026.wid.world/.
