Crónica de una muerte anunciada

En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una intervención militar en la capital de Venezuela, Operation Absolute Resolve (Operación Resolución Absoluta). Esa noche, unidades especiales del Delta Force irrumpieron en el complejo presidencial, y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, poniendo punto final —como bien dice el nombre del operativo— a más de una década de gobierno chavista. Este episodio, lejos de revelar una fuerza imparable, dejó al descubierto el desgaste del poder hegemónico estadounidense.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump celebró públicamente la captura de Maduro y confirmó que se encontraba bajo custodia en Nueva York. Durante la conferencia de prensa, además de advertir que Estados Unidos supervisaría al país mientras se avanzaba hacia una transición “segura”, subrayó la importancia estratégica del petróleo venezolano y el papel central que tendría Washington en sus exportaciones.

Dos días después, el 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro compareció ante un tribunal federal en Nueva York acusado formalmente de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos, cargos vinculados a su gobierno desde el año 2020. En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y restableció relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, marcando una transición abrupta entre antagonismo y cooperación. A un mes de estos acontecimientos, Venezuela permanece bajo el mismo régimen que Washington acusó durante años de violaciones a los derechos humanos, corrupción y terrorismo, pero que hoy es aceptado —sin mayores mediaciones— como socio comercial.

La intervención de Estados Unidos en otros países —como Irán, Guatemala o Irak — por motivos económicos no es una novedad. Lo distintivo en este caso es que ahora forzó y tensionó su propio entramado legal e institucional para actuar, y al mismo tiempo pactó abiertamente con un gobierno que había calificado como antidemocrático. Esto deja una pregunta en el aire: ¿qué le sucede al gran hegemón del norte?

El consenso como condición del poder

Estados Unidos es, desde la caída del Muro de Berlín, el gran hegemón del sistema internacional. Pero ¿qué implica, en términos de relaciones internacionales, ser un país hegemónico? La hegemonía no equivale simplemente a la capacidad de imponer la voluntad propia mediante la fuerza militar o económica; supone la construcción de consenso dentro de una esfera de influencia.

De acuerdo con Robert Cox, el liderazgo internacional se sostiene cuando los intereses de una potencia dominante logran presentarse como intereses universales. Esto implica que el ejercicio del poder no se perciba únicamente como imposición, sino como un marco de reglas, valores y prácticas aceptadas —aunque de manera desigual— por otros Estados. La coerción forma parte del orden hegemónico, pero permanece subordinada al consenso y funciona como un respaldo excepcional.

El uso de la fuerza no implica, por sí mismo, la pérdida del poder hegemónico de un país. Sin embargo, Venezuela no fue una intervención más. ¿Qué es lo que la vuelve distinta? Para responder a esta pregunta, conviene revisar un capítulo de la historia estadounidense en el que también optó por la intervención militar en América Latina, vaya novedad. En 1989, la administración de George H. Bush invadió Panamá para capturar al entonces dictador, Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y corrupción.

Manuel Noriega y George H.W. Bush, 1983. Vía The World History Archive and Compendium.

A diferencia de lo ocurrido en Venezuela en 2026, aquella operación fue de mayor escala y de carácter abiertamente militar, pero respondió a una lógica distinta. Bush justificó la intervención como parte de su obligación de proteger a ciudadanos estadounidenses en Panamá, tras la declaración panameña de un “estado de guerra” con Estados Unidos. Además, la Casa Blanca se amparó en el War Powers Resolution de 1973 —una legislación diseñada para limitar la acción militar unilateral del presidente—, que permitía notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de fuerzas.

En ese contexto, Estados Unidos actuó —en términos de relaciones internacionales— como un hegemón en sentido estricto: no sólo tenía la capacidad de usar la fuerza, sino también la infraestructura institucional y retórica legal para justificarla. En términos de Cox, la coerción permaneció subordinada a los marcos institucionales que le permitieron operar dentro de un orden reconocido.

El caso de Venezuela, en cambio, evidencia una ruptura tajante con la propia arquitectura que Estados Unidos contribuyó a construir. Aunque Trump justificó la intervención en Caracas como parte de la lucha contra el narcotráfico, el discurso puso un énfasis explícito en la necesidad de controlar el petróleo venezolano. Esta disonancia no es menor: revela la incapacidad del poder estadounidense para presentarse como garante de un interés universal y expone, en su lugar, la persecución explícita de un beneficio particular ligados a recursos estratégicos. En contraste con el caso panameño de 1989, la operación en Venezuela no fue encuadrada consistentemente dentro de un marco institucional, normativo o multilateral capaz de producir consenso. En consecuencia, el uso de la fuerza dejó de percibirse como un recurso excepcional para preservar el orden, y pasó a entenderse como un acto unilateral orientado a la reconfiguración de accesos y control de recursos estratégicos.

La ruptura de la hegemonía

Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, Estados Unidos logró que su liderazgo fuera ampliamente aceptado y que el uso de la fuerza se entendiera como un componente constitutivo del orden liberal internacional. Este orden se sostuvo mediante un entramado de reglas, alianzas e instituciones multilaterales, así como a través de la provisión de bienes públicos fundamentales como seguridad, estabilidad financiera, mercados abiertos y marcos institucionales para la cooperación entre Estados.

No obstante, la intervención militar estadounidense en Venezuela puso en evidencia la erosión de ese consenso y fracturó de manera abierta a la opinión internacional, en particular la de América Latina. Las reacciones gubernamentales muestran una respuesta clara fragmentada: por un lado, algunos gobiernos expresaron apoyo a la acción de Washington; Argentina, El Salvador, Ecuador y Paraguay celebraron la captura de Nicolás Maduro como un avance contra el narcotráfico, la dictadura y el déficit democrático. En contraste, un segundo bloque rechazó abiertamente la operación por considerarla una violación a la soberanía y al derecho internacional. Líderes de Colombia, Brasil, México, Chile, Uruguay, Cuba y Honduras condenaron la intervención y exigieron soluciones estrictamente pacíficas.

Un tercer grupo adoptó posturas cautelosas o ambiguas: Bolivia, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú evitaron respaldar abiertamente la acción militar estadounidense y se limitaron a invocar nociones genéricas de democracia y transición pacífica en sus comunicados como única vía legítima para solucionar la crisis venezolana. Más que una divergencia ideológica, la respuesta fragmentada del continente evidencia la incapacidad del hegemón para producir consenso y dotar de legitimidad a su uso de la fuerza.

Pocos días después, la crisis cruzó el Atlántico y llegó al Foro Económico Mundial en Davos. Ahí, el primer ministro canadiense, Mark Carney, pronunció un discurso inusualmente lúcido en el que puso en duda uno de los pilares del discurso occidental: la idea de un orden internacional basado en reglas. Carney sugirió que se trata de una ficción política —sustentada en la retórica de los derechos humanos, la cooperación, el desarrollo y el poder blando— cuya credibilidad está colapsando.

Esa ficción, sin embargo, nunca fue justa ni universal. Fue selectiva, diferenciada y excluyente. Para un conjunto privilegiado de países del Norte global, resultó plenamente creíble y funcional durante décadas. En cambio, amplias regiones de América Latina, África y Asia siempre atisbaron la verdad detrás de la cooperación: allí, el orden internacional se sostuvo mediante bombas y operaciones ilegales. Ahora, estas dinámicas comienzan a afectar de manera más directa a países que antes ocupaban posiciones relativamente protegidas dentro del sistema. De aliados excepcionales, pasan a experimentar formas de vulnerabilidad estructural antes asociadas a las periferias.

La insistencia reiterada en que Groenlandia debería pasar a control estadounidense, junto con la amenaza de imponer aranceles severos a quienes no respalden esa pretensión, así como el tono del mensaje atribuido a Donald Trump dirigido a Noruega —en el que expresó su molestia por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz— no son simples exabruptos. Expresan una concepción profundamente errónea del poder y del papel que juegan sus aliados para mantenerlo. Trump actúa como si la hegemonía fuese reducible a la capacidad de amenazar, castigar o extorsionar; como si el liderazgo internacional pudiera sostenerse indefinidamente mediante la coerción directa. Pero la hegemonía depende, en realidad, de la capacidad de una potencia para ejercer dirección moral e intelectual, presentar sus intereses particulares como universales y lograr que el orden sea aceptado como legítimo. Cuando el consenso se suprime, el mecanismo central de la hegemonía se quiebra.

Foto: Publicada por Donald Trump en Truthsocial

El quiebre es tan profundo que se percibe en el propio centro del sistema. Que un aliado histórico como Canadá se atreva a nombrar al orden internacional como una ficción en colapso constituye un síntoma inequívoco de su desgaste. Lo que hoy define a Estados Unidos ya no es un liderazgo capaz de producir consenso, sino un impulso cada vez más desnudo de expansión territorial, captura de recursos y afirmación de supremacía geopolítica. Al despojar al poder estadounidense de sus pretensiones morales y de sus mediaciones institucionales, Trump reduce a su forma más elemental y, quizá sin proponérselo, coloca el último clavo en el ataúd de su hegemonía.

El frente interno

La política exterior de Estados Unidos se organiza, para bien o para mal, en torno a la figura presidencial. Aunque el Congreso, el gabinete, la burocracia y la opinión pública ejercen presiones reales, es el presidente quien decide cómo ponderarlas y, en los hechos, quien toma las decisiones críticas sobre el uso de la fuerza, incluso a punta de decretos. Paradójicamente, este margen es mayor porque Estados Unidos se organiza como una federación: mientras que en la política doméstica el poder presidencial se fragmenta y enfrenta contrapesos territoriales, judiciales y legislativos, en política exterior el Ejecutivo opera con un alto grado de autonomía y discrecionalidad.

No es casual, por ello, que la política exterior haya sido el eje distintivo de los periodos de gobierno de Trump. Incluso iniciativas presentadas como asuntos internos —como la construcción del muro fronterizo o las deportaciones masivas— fueron formuladas y defendidas en clave de política exterior y seguridad nacional. Esta estrategia discursiva se inscribió en una fractura previa del Partido Republicano en materia internacional. Históricamente, el partido se ha dividido entre internacionalistas —partidarios de alianzas, compromisos militares y diplomacia—; nacionalistas —firmes en defensa y contraterrorismo, pero hostiles al multilateralismo—; y no intervencionistas —reacios a bases permanentes y campañas militares en el exterior—. Trump capitalizó esas tensiones y articuló una coalición altamente personalista basada en la primacía de los intereses nacionales, el repliegue frente a compromisos internacionales y el rechazo retórico a nuevas intervenciones militares.

Así, Trump unificó bajo una misma identidad política a corrientes ideológicas diversas en torno a una relectura contemporánea de la Doctrina Monroe. El problema es que esa misma estrategia hoy le cobra factura. Al empujar America First como identidad totalizante, abrió una disputa corrosiva dentro del conservadurismo. De un lado están quienes promueven el uso expansivo de la fuerza como vía para garantizar la seguridad nacional; del otro, quienes interpretan en estas operaciones como un deterioro de alianzas estratégicas y una traición a la promesa original de contención y repliegue. En el fondo, se trata de una disputa por el sentido mismo del conservadurismo contemporáneo.

Esta disputa no permaneció en un mero plano ideológico. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, los intentos del Poder Legislativo —liderados por el Partido Demócrata— por limitar las facultades presidenciales fracasaron por márgenes estrechos. Legisladores, incluidos algunos republicanos, calificaron la intervención militar en Venezuela como ilegal y contraria a la Constitución. El desenlace favorable a Trump dependió tanto del voto del vicepresidente, JD Vance, en el Senado como de maniobras del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. Lo relevante no es la ofensiva demócrata, sino que el episodio expuso fracturas dentro del propio Partido Republicano y obligó a la Casa Blanca a presionar activamente para mantener la cohesión partidaria. Así, Estados Unidos deja de producir consenso en el plano internacional y erosiona, al mismo tiempo, la base moral interna que hacía políticamente tolerable el uso de la fuerza.

Las intervenciones estadounidenses en otros países no son una novedad; han sido una constante del orden internacional contemporáneo. Sorprende su incapacidad creciente de justificarlas y, más aún, su disposición a dirigir amenazas incluso contra sus aliados históricos. En este contexto, Make America Great Again funciona como una confesión involuntaria de pérdida: la de una potencia que, pese a conservar una fuerza militar y económica abrumadora, no logra legitimidad ni autoridad. Hoy el hegemón no pide permiso, ni siquiera a sí mismo. La pregunta que queda en el aire no es si Estados Unidos seguirá dirigiendo el orden global por medio de la fuerza, sino cuánto tiempo podrá sostener ese liderazgo sin legitimidad. Tal vez el imperio no murió en Caracas, pero por un instante nos dejó ver su debilidad.

Fuentes:

The Editos of Encyclopedia Britannica. (2026, 3 de enero). Operation Just Cause. Enciclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/United-States-invasion-of-Panama.

Cox, R. W. (1983). Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in Method. Millennium: Journal of International Studies, 12 (2), 162–175. https://doi.org/10.1177/03058298830120020701.

Dueck, C. (2026, 22 de julio). Republican Party Foreign Policy: 2016 and Beyond. Foreign Policy Research Institute.https://www.fpri.org/article/2016/07/republican-party-foreign-policy-2016-beyond/

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. (Editado y traducido por Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith). International Publishers.

Ikenberry, G. J. (2011). Liberal leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order. Princeton University Press.

Kurth, J. R. (2016). A history of inherent contradictions: The origins and end of American conservatism. En American conservatism (Vol. 56, pp. 13–54). Swarthmore College.

Barnes, J., Pager, T., y Schmitt, E. (2026, 3 de enero) Inside ‘Operation Absolute Resolve,’ the U.S. Effort to Capture Maduro. The New York Times. https://www.nytimes.com/2026/01/03/us/politics/trump-capture-maduro-venezuela.html.

Pilkington, E. (2026, January 4). “They lied to our face”: Democrats decry Trump’s military raid on Venezuela. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/04/democrats-trump-white-house-venezuela

Sutherland, C. (2026, 7 de enero). The Republicans Breaking Ranks With Trump Over Greenland Threats: ‘This Is Appalling’. Time. https://time.com/7344316/republicans-break-ranks-with-trump-over-greenland-annexation-threats/

U.S. General Accounting Office. (1991). Operation Just Cause: Costs and Accountability of Funds. NSIAD-91-174FS. Washington, D.C.: U.S. General Accounting Office. https://www.gao.gov/assets/nsiad-91-174fs.pdf.

Yousif, N. (2026, 21 de enero). El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición: el contundente mensaje del primer ministro de Canadá en Davos. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/cqxyq3pv709o.